Fuente: CCIAP

El próximo 1 de julio iniciará la gestión de un nuevo Gobierno, y entre los muchos desafíos estructurales que enfrenta el país, un nuevo reto crítico será el recuperar el grado de inversión de nuestra deuda soberana por parte de la Calificadora de Riesgo Fitch Ratings, que acaba de rebajar esta calificación de BBB- a BB+.

El grado de inversión es una medida otorgada por agencias de calificación crediticia que indica la solidez financiera y la capacidad de un país para cumplir con sus compromisos financieros. Esta clasificación es crucial para acceder a financiamiento en condiciones favorables y mantener la confianza de los inversionistas. Ultimadamente, todo ello tiene impacto en el precio del dinero, lo que a su vez impacta el precio de los bienes que la gente necesita para vivir.

Durante los últimos años, el manejo de las finanzas del Estado ha afectado nuestra calificación crediticia y la reputación del país como destino seguro de la inversión. Factores como el aumento sostenido de la deuda pública, la percepción de corrupción y la falta de avances en la transparencia y el Estado de Derecho han contribuido a erosionar la confianza de los inversionistas.

El esfuerzo por alcanzar el grado de inversión fue inmenso, por lo que no hay tiempo que perder en iniciar el trabajo, ya que esto es fundamental para impulsar el crecimiento económico y sentar las bases para un crecimiento sostenible a largo plazo. El nuevo Gobierno deberá abordar estos desafíos de manera decisiva y adoptar medidas valientes para restaurar la confianza de los inversionistas, tanto locales como internacionales.

Las nuevas autoridades tendrán que implementar un Plan de Consolidación Fiscal que asegure la estabilidad macroeconómica y restablezca la estabilidad fiscal. Esto ayudará a tranquilizar a los mercados y demostrará la capacidad del país para manejar sus finanzas de manera responsable.

Será fundamental fortalecer las instituciones, incluyendo aquellas que tienen la obligación de fiscalizar, y mejorar la transparencia en la gestión pública para combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas. Esto enviará una señal positiva a los inversionistas sobre el compromiso del país con prácticas transparentes.

Además, será prioritario desarrollar una estrategia para atraer inversión extranjera directa en sectores clave de la economía, como logística, infraestructura, energías renovables, turismo, y tecnología e información. Esto no solo impulsará el crecimiento económico, sino que también generará empleo y conocimiento.

La urgencia de iniciar el trabajo y recuperar la confianza de los mercados no puede subestimarse. Las nuevas autoridades deberán actuar con decisión y determinación para implementar las reformas necesarias y sentar las bases para un futuro próspero y sostenible.

Los próximos meses serán críticos en este sentido, y será necesario un compromiso firme por parte de todas las fuerzas políticas y sociales para trabajar juntos en la búsqueda de soluciones.

Panamá tiene un potencial inmenso, y con la voluntad política adecuada, puede recuperar su posición como líder regional en atracción de inversión y crecimiento económico para los panameños.