Panamá instaló oficialmente una comisión interinstitucional para combatir la pesca ilegal y cumplir con los requisitos de la Unión Europea, con el objetivo de recuperar el acceso a sus mercados y evitar sanciones económicas que afectarían significativamente a la industria pesquera nacional.
ARAP y AMP se reunieron para ajustar planes de trabajo y marco jurídico contra la pesca ilegal. Se elaboró un informe de avances para la auditoria de la Comunidad Europea sobre pesca INDNR.