Fuente: CCIAP

Desafortunadamente, la semana pasada se dieron nuevos cierres de calle, tanto en las ciudades de Panamá y Colón, como en el interior del país, producto de situaciones prevenibles y donde nadie gana y todos perdemos; en especial, miles de panameños que pagaron con pérdidas de citas, exámenes, productos y cargas que no llegaron al destino a consecuencia de una falta grave de entendimiento.

En momentos cuando todos necesitamos de una economía vigorosa, que genere empleos y oportunidades, cada cierre de calle nos aleja un poco más de la reactivación y generación de plazas de trabajo.

Cada vez que esto ocurre, se registran perjuicios demoledores para la actividad económica nacional, muy especialmente para miles de micro y pequeñas empresas, y miles de panameños que ven su vida afectada severamente.

Con cada cierre, la productividad de miles de personas se ve afectada: aumentan los tiempos de entrega, genera ausencias y tardanzas innecesarias en el ciclo de cada actividad agropecuaria, comercial, industrial, y el resto de las actividades de servicios que componen nuestra economía.

Miles de estudiantes quedan atrapados y pierden clases, como si no fuera suficiente el impacto de pérdida de clases durante la pandemia del COVID, y lo retrasado que está nuestro sistema educativo en proveerle a nuestros jóvenes las herramientas para insertarse en la vida productiva nacional y valerse por sus propios medios.

Para un país cuya economía se sustenta en su plataforma de servicios y posición geográfica, el mensaje que se envía al mundo con cada cierre de calles, además de nefasto, es un argumento en contra de nuevas inversiones y generación de empleo.

En Panamá ya tenemos suficiente evidencia que este tipo de trastornos en nuestra movilidad a quien realmente afecta es al ciudadano, en todos los órdenes de su vida.

Desde la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá demandamos un sentido de urgencia por parte de nuestras autoridades frente a este tipo de actuar irresponsable. De igual forma, reclamamos todo el peso de la Ley para quienes interrumpen y afectan el bienestar de nuestros ciudadanos.  Solo así podremos convivir en una sociedad donde se respete el derecho ajeno y a nadie se le ocurra que es una buena idea cerrar calles.