El país todavía no cuenta con un Plan Nacional de Contingencias para atender grandes eventos relacionados con la contaminación marina por hidrocarburos.

Por: Lenny Durán

Panamá todavía no ha suscrito el convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos (Convenio OPRC). Este instrumento sirve de base para que los estados desarrollen sus políticas para hacer frente a contingencias de este tipo. 

Luis Vila, capitán de Fragata (R) de la Armada argentina, informó que hay un trámite en la Asamblea Nacional (AN) para la aprobación de este convenio, un paso que considera “altamente positivo”, debido a que Panamá es un país marítimo por excelencia y el logro de este convenio sería trascendente. 

El consultor marítimo, experto en emergencias por derrame, participó como expositor en la charla: La importancia de la Reglamentación de las OSROS “Oil Spill Response Organizations” en Panamá y el Plan Nacional de Contingencia.

Panamá sin plan 

Vila dijo que el Convenio OPRC establece tres aspectos que deben cumplir los países: Que en cada país haya una autoridad única (si hay varias se diluye el proceso de toma de decisiones); que cada Estado tenga aprobado y en vigor un Plan Nacional de Contingencia y la cooperación en sí. 

Sobre el segundo punto, el experto señaló que al no haber firmado el convenio, Panamá no cuenta con dicho plan, el cual es la columna vertebral de todo el sistema de respuestas de derrame de impacto. 

“Podemos tener planes locales, las empresas pueden tener sus planes, pero los planes locales o planes de empresas apuntan fundamentalmente a los derrames de nivel 1, derrames pequeños, de siete toneladas, medianos, más de siete toneladas hasta 700”. 

Agregó que la mayoría de los derrames en Panamá han estado en volúmenes menores de 20 metros cúbicos. Sin embargo, el país también ha tenido eventos grandes como el registrado el 27 de abril de 1986, cuando un tanque de almacenamiento de hidrocarburos se rompió en la antigua refinería de bahía Las Minas, Colón, provocando una fuga de entre 55 mil y 60 mil barriles. 

Vila dijo que es consciente de que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha intentado la promulgación de un plan para establecer bases sólidas que den respuesta a la contaminación marina, pero hasta el momento no se ha logrado. Agregó que la aprobación del Plan Nacional de Contingencia y la instauración de un sistema abierto para la contratación de las empresas OSROS son la base de un sistema moderno propio de este siglo XXI. 

La sombra del Exxon Valdez

El especialista recordó el derrame provocado por el petrolero Exxon Valdez, en marzo de1989 en Alaska, que provocó la fuga de 37 mil toneladas de hidrocarburo en la costa de Puerto Valdez. Pasaron 48 horas antes de que pudiera ser controlada. 

A raíz del evento se identificaron tres problemas: falta de personal debidamente entrenado para atender este tipo de contingencias, problemas de mantenimiento y equipo deficiente, además de la ausencia de una autoridad que tomara las decisiones correctas. 

El accidente dio paso a la aprobación por parte de los Estados Unidos de la legislación Oil Pollution Act 1990 (OPA 90), e introdujo un nuevo concepto: Oil Spill Response Organizations, que prevé que los derrames en el mar deben ser atendidos por empresas especializadas y personal adecuado. 

Vila agregó que en la atención de eventos de contaminación marina deben intervenir varios actores: Autoridad Marítima; empresas OSROS; los armadores, a través de los agentes navieros y operadores portuarios y los seguros. 

Resaltó el papel de la Autoridad Marítima, cuya función es establecer la base legal para este sistema, y emitir las directrices donde queden plasmados los requisitos que deben cumplir los OSROS para ser habilitados. La Autoridad Marítima (en este caso la AMP) debe fiscalizar anualmente a esas empresas para corroborar que cuenten con el personal calificado y que éste realice los cursos modelo OMI de acuerdo con su jerarquía (nivel 1 para el personal operativo que esté en el derrame, nivel 2 para supervisores y jefes y nivel 3, gerentes y directivos a nivel estatal).