Fuente: CCIAP
Durante décadas, los alcaldes, representantes de corregimiento y la sociedad en general reclamaron una asignación de recursos más equitativa y el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales para satisfacer las necesidades de la comunidad. En esos tiempos, la asignación de la mayoría de los recursos estaba concentrada en las principales ciudades. Es por eso por lo que la Ley de Descentralización de 2009 recibió apoyo generalizado. Sin embargo, en la actualidad, los panameños somos testigos de otra decepción al observar cómo esta noble idea se utiliza de manera discrecional y alejada de las necesidades reales, en beneficio político-electoral de una minoría.
Es inaceptable que la Autoridad Nacional de Descentralización, con el refrendo de la Contraloría General de la República, realice desembolsos millonarios fuera de los mecanismos contemplados en la Ley de Descentralización, favoreciendo claramente el clientelismo político. Esta práctica irregular y reprochable merece el rechazo unánime de la ciudadanía, así como acciones inmediatas por parte de todas las autoridades y Órganos del Estado correspondientes para ponerle fin.
Basta con analizar la distribución de estos recursos para constatar cómo una idea destinada a acelerar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de millones de panameños ha sido completamente desvirtuada. Estamos presenciando el manejo de dinero sin apenas supervisión ni control, utilizado de manera arbitraria e incluso en detrimento de las instituciones que ya tienen presencia en las comunidades.
Con perplejidad, observamos cómo se perpetúa una situación corrosiva para nuestra institucionalidad. Vemos cómo se avanza hacia un Panamá en donde las normas establecidas para beneficio ciudadano son tergiversadas y burladas, sin que seamos testigos de consecuencia alguna.
La descentralización, tal como se están implementando sus fondos, no está logrando ninguno de sus objetivos: mejorar la eficiencia en la administración pública, fomentar la participación ciudadana, promover un desarrollo equilibrado, mejorar la distribución de recursos y fomentar la innovación en políticas públicas. Objetivos que únicamente pueden ser alcanzados si existe responsabilidad en la gestión pública y austeridad en el gasto público, pero sobre todo transparencia y voluntad política de quienes elegimos cada quinquenio para administrar estos fondos. Eso es lo que esperamos y eso es lo que exigimos.
No podemos olvidar que estos recursos provienen de los contribuyentes y, por lo tanto, demandamos su correcto uso en beneficio de todos los ciudadanos, así como la rendición de cuentas de aquellos que han participado en estos actos repudiables.
