Fuente: CCIAP
Cuando padres de familia, productores, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, profesionales y otros numerosos ciudadanos piden al Presidente de la República que tome acciones para restablecer el libre tránsito, no están pidiendo un favor: están exigiendo que el Gobierno Nacional cumpla con una responsabilidad expresamente establecida en la Constitución Política de la República.
En su Artículo 17, correspondiente al Capítulo de Garantías Fundamentales, nuestra Constitución indica que “Las Autoridades están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley”.
Difícilmente se puede ser más claro. La Constitución también establece con claridad la responsabilidad de las Autoridades por la omisión en el cumplimiento de los deberes estipulados en la Carta Marga.
¿Qué más necesita entonces el Presidente y su equipo de gobierno que ocurra para que a los panameños se nos devuelvan nuestras libertades? ¿Acaso no son suficientes los muertos reportados producto de no poder movilizarse a causa de bloqueos o cierres o los cientos de miles de citas médicas perdidas?
Es inadmisible que el Gobierno Nacional se siente a ver cómo 40 mil muchachos y muchachas pierden el año escolar. ¿Es necesario que más panameños se queden sin trabajo, que más empresas quiebren y otros miles de emprendedores vean sus sueños arruinados por la falta de Autoridad que restablezca el orden público? ¿Ese será su legado?
¿Necesitan el Presidente de la República y los Ministros de Estado ver más dolor e impotencia en el rostro de miles de productores agropecuarios que están viendo cómo el trabajo de un año se pudre en camiones que no pueden llegar a los mercados?
No, la respuesta es que no necesitamos ver más de todo eso. Lo que necesitamos es que el Presidente de la República cumpla con lo que se comprometió al jurar su cargo y gire instrucciones a su Ministro de Seguridad y a su Ministro de Gobierno, ¡hacer respetar la Constitución! ¡La Población no pide un favor, exige el cumplimiento de una responsabilidad!
Ya basta de cálculos políticos. Basta de dejar pasar las cosas, porque las cosas no pasan: cada día de caos arruina un poco más el presente y el futuro de millones de ciudadanos, principalmente el futuro de jóvenes y niños.
Esa inacción e incumplimiento de los sagrados deberes constitucionales queda aún más en evidencia cuando constatamos que los responsables directos de los cierres en todo el país son un puñado de irresponsables con una clara agenda política y antidemocrática.
Además de todo esto, frente a un pronto fallo de la Corte Suprema de Justicia, se hace necesario un ambiente donde los diferentes actores de la sociedad puedan conversar y discernir sobre el futuro del proyecto minero. No hay tiempo que perder. La paciencia ciudadana llegó a su fin: abrir las calles no es un favor, ¡es su responsabilidad constitucional y como tal debe ejercerla o de lo contrario, enfrentar las consecuencias por su omisión legal, pero peor aún, conformarse con dejar un legado oscuro en la historia nacional.
