Por Lenny Durán

La aprobación del Decreto Ejecutivo No 13, que regula la pesca y la acuicultura en Panamá, aprobado el 1 de noviembre de este año, generó el rechazo de varias organizaciones ambientalistas y vinculadas con la actividad pesquera, por considerarlo ilegal y perjudicial para el ecosistema marino.

El instrumento original elaborado por el Ministerio de  Desarrollo Agropecuario (MIDA) para reglamentar la Ley 204 incluyó la pesca de arrastre para las especies pargo, cabezón, lenguado y corvina como “pesca aprovechada”.  La pesca de camarón se realiza actualmente a través de ese método.

Entre las organizaciones que rechazan la aprobación del Decreto No13 está la Asociación de Turismo Náutico de Panamá (ATN), la cual  indicó que este reconocimiento atenta contra el artículo 119 de la Constitución Nacional que dispone: “El Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas”.

Ante la oposición de estos sectores, el MIDA emitió un nuevo Decreto Ejecutivo (el No 14) el 20 de noviembre, que modifica el No 13 y elimina la pesca de arrastre en las especies pargo, cabezón, lenguado y corvina, pero mantiene la pesca de arrastre para camarón. A través de un comunicado, la Presidencia informó que la Junta Directiva de la ARAP establecerá las nuevas pescaderías “que sean elegibles de aprovechamiento con indicaciones de las áreas de pesca, especies objetivo y captura incidental, las temporadas y las artes de pesca con que podrán ser realizadas”, sustentadas en un informe técnico-científico. Ahora, los abogados Silvio Guerra y Juan Sevillano interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso contencioso administrativo de nulidad de los decretos 13 y 14 por considerarlos ilegales y solicitaron que la pesca de arrastre se prohíba totalmente para todas las especies en territorio panameño.