Fuente: CMP

Comunicado de la Junta Directiva de la Cámara Marítima de Panamá

La Cámara Marítima de Panamá es consciente de que sólo se puede salir de la crisis mediante el diálogo entre todos los actores; sin embargo, exigen a las autoridades cumplir con sus obligaciones y tomar las medidas que garanticen las libertades constitucionales y el respeto a los derechos de todos los habitantes.

El artículo 27 de la Constitución Política de la República establece el derecho a transitar libremente por el territorio nacional, derecho que es vulnerado constantemente durante manifestaciones violentas que desvirtúan el noble objetivo de la lucha por la justicia y equidad social. Vemos con preocupación que la autoridad ha optado por desatender las obligaciones establecidas en el artículo 17 de la Carta Magna, sobre la protección de los derechos de nacionales y extranjeros en territorio nacional, al igual que las establecidas en el artículo 38 de nuestra Constitución, sobre el deber de prevenir abusos en el derecho a la manifestación o protesta, en casos de perturbación del tránsito, alteraciones del orden público y/o violación de derechos de terceros.

Manifestantes que abusan de su derecho pueden ser sancionados por las autoridades, mientras que el Estado puede ser considerado responsable por los daños y pérdidas incurridos por omisión al no salvaguardar derechos constitucionales, esto atenta contra del estado de derecho, socava las iniciativas encaminadas a la reactivación económica, a la generación de empleo, atracción de inversión extranjera y creación de las condiciones socioeconómicas que puedan garantizar una mejor calidad de vida para los habitantes de nuestro país.  De igual manera cabe destacar que la incertidumbre generada por esta situación produce afectaciones graves sobre los distintos servicios que ofrece nuestro Hub logístico.

La CMP apela a la razón y al amor a la patria de los panameños, de manera que evitemos caer en una espiral de violencia, rencor, injusticia y violación a los derechos de todos, de la cual será difícil salir y de la cual todos somos víctimas por igual. Reconocen las necesidades de la población que exige mejores condiciones de vida, al igual que el esfuerzo de las autoridades por establecer una mesa de negociación, al igual que creemos en el respeto a la ley, en el diálogo tripartito (capital, Estado, trabajo) como herramienta esencial del diálogo social y en la libertad de las personas para trabajar y su derecho a tener acceso a alimentos y medicamentos.