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CCIAP hace llamado a la Corte Suprema de Justicia a fallar en derecho sobre al Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley que modificó la Ley Orgánica de la Contraloría y la Ley sobre la Jurisdicción de Cuentas

Fuente: CCIAP

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) se une al clamor ciudadano y hace un llamado respetuoso a la Corte Suprema de Justicia para que falle en derecho sobre el Recurso de Inconstitucionalidad presentado en mayo de 2023 por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana contra la Ley No. 351 de 2022, que modificó la Ley Orgánica de la Contraloría de 1984; así como, la Ley 67 de 2008 sobre la Jurisdicción de Cuentas.

Ante la carta abierta emitida por el capítulo de Transparencia Internacional en Panamá pidiendo a la máxima instancia de justicia un fallo sobre la demanda presentada por ellos en mayo de 2023, la CCIAP reafirma esta solicitud, entendiendo que el país se encuentra frente a un importante momento de transición con la elección del nuevo Contralor General de la República, quien tendrá la responsabilidad de velar por el buen uso de los recursos públicos a partir del 1 de enero de 2025.

“Una vez más como gremio decidimos respaldar lo correcto, a nuestro criterio, los cambios a la Ley Orgánica de la Contraloría disminuyeron el alcance que debe tener tan importante institución del Estado. La Contraloria General de la República se vio debilitada en su función natural de fiscalizar, otorgando mayor discrecionalidad,” señaló Juan Arias, presidente del gremio. “A mayor discrecionalidad menos oportunidades de transparencia y así hemos visto escándalos que consideramos se dieron por las omisiones que permite la ley actual”.

Luego de catorce meses y tomando en cuenta el momento que vive el país, la CCIAP impela a la Corte Suprema de Justicia a que se pronuncie prontamente, dentro de los términos legales, sobre este recurso de inconstitucionalidad. “Esto devolvería a la Contraloría General de la República la fuerza necesaria para cumplir con las tareas que le corresponde en el marco de un Estado de Derecho. Asimismo, ayudaría a renovar la confianza en la institucionalidad de esta”.

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