Fuente: ANTAQ
El consejo directivo de ANTAQ aprobó la apertura de consulta pública y la realización de una audiencia pública para tres terminales portuarias: RDJ07, MCP01 y MUC04. Los permisos se produjeron en una reunión de la junta directiva, que tuvo lugar el pasado jueves (03/07).
La consulta pública del RDJ07, ubicado en el Puerto de Río de Janeiro (RJ), se realizará del 25 de marzo de 2024 al 8 de mayo de 2024. La terminal, que maneja carga de apoyo costa afuera, recibirá una inversión de 101,7 millones en un Contrato de 25 años.
Se espera que la consulta pública MCP01 se abra pronto. En total, se invertirán R$ 84,6 millones en 25 años. La terminal, ubicada en el Puerto de Santana (AP), manipulará y almacenará graneles vegetales sólidos, especialmente astillas de madera.
El período de consulta pública del MUC04, en el Puerto de Fortaleza (CE), comenzará el 21 de marzo de 2024 y finalizará el 19 de mayo de 2024. La inversión estimada para la terminal es de R$ 360,7 millones. La zona está destinada al movimiento y almacenamiento de contenedores.
Arrendamiento simplificado
El directorio también aprobó la licitación de la terminal REC08, ubicada en el Puerto de Recife (PE), que no tuvo consulta pública por caracterizarse como un contrato de arrendamiento simplificado. La zona está destinada al movimiento y almacenamiento de graneles vegetales sólidos, especialmente Malta, Trigo y Maíz. La estimación es que se invertirán 50,9 millones en la terminal en 10 años.
Arrendamiento STS33
En esa ocasión, los directivos también decidieron asignar a la Autoridad Portuaria de Santos (APS) la responsabilidad de analizar una nueva modelación con nuevos estudios para realizar el arrendamiento de la STS33, terminal ubicada en el Puerto de Santos (SP).
La APS tiene la facultad de decidir sobre el otorgamiento de arrendamientos portuarios desde diciembre del año pasado, cuando se firmó el acuerdo de delegación de competencias, que permite a la autoridad portuaria ser autónoma.
Contrato de transición
La Junta también autorizó la firma de un contrato de transición, por 180 días, entre Porto do Recife y la empresa Liquiport Vila Velha SA, para el uso de un área del puerto que manipula y almacena graneles vegetales sólidos.
El director informante del asunto, Caio Farias, destacó que “existe un interés público secundario caracterizado por el hecho de que el uso del activo por parte del arrendatario transitorio generará ingresos contractuales y honorarios para la administración portuaria”.
Transporte de pasajeros y vehículos.
También se aprobó la apertura de una consulta y audiencia pública para mejorar los documentos elaborados para la selección pública de empresas prestadoras de servicios de transporte de vehículos y pasajeros en el cruce entre Manaus (AM) y Careiro da Várzea (AM).
La audiencia pública presencial, aún sin fecha fijada, se realizará en Manaos (AM) “para facilitar el debate directamente con la comunidad local”, destacó el director informador sobre el tema, Wilson Lima Filho. La consulta pública se llevará a cabo entre el 21 de marzo de este año y el 18 de junio.
Agenda regulatoria
El Consejo de la ANTAQ decidió no adaptar la norma de supervisión de la Agencia sobre el cumplimiento de las obligaciones de la autoridad portuaria y de los arrendatarios -o figuras similares, como contrato de transición, uso temporal, cesión de uso- en términos de reducir la exposición de sus actividades al riesgo de daños ambientales asegurables.
Esto se debe a que la junta entendió que no es necesario complementar o cambiar esta norma específica, dado que existe una norma específica que trata sobre los procedimientos para la precalificación de los operadores portuarios, incluyendo la obligación de que los riesgos ambientales estén cubiertos por un seguro obligatorio. . .
Por lo tanto, sólo se determinó que la Superintendencia de Inspección y Control (SFC) de la Agencia adopte las medidas que sean necesarias para que, en un plazo de 90 días, los operadores portuarios, en conjunto con las respectivas administraciones portuarias, demuestren su apego a las normas que tratan sobre la contratación obligatoria. seguro y monitorear el cumplimiento de esta determinación.
Además, el consejo aprobó una revisión de la Guía de Regulación de Precios de la Navegación Interior, condicionando la decisión a la inserción de parámetros para estandarizar los análisis de ajuste de precios, que deberán extenderse a todos los modelos y mercados de navegación.