Fuente: ARAP
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) suscribieron un Convenio Marco de Cooperación, con el propósito de coordinar, establecer y fortalecer los mecanismos de colaboración conjunta y las vías de comunicación indispensables para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR).
“Debemos estar alineados en nuestras políticas públicas y por ello estamos suscribiendo un acuerdo con reglas claras. Durante los próximos 5 años trabajaremos unidos y en coordinación, respetando los reglamentos y leyes suscritas por ambas entidades en beneficio del país y de su salida de las listas donde nos mantienen”, sostuvo el Administrador General de la AMP, Luis Roquebert.
Ambas entidades inician una nueva etapa de oportunidades para demostrar el fiel cumplimiento de Panamá a todas las disposiciones internacionales en materia marítima, expresó Eduardo Carrasquilla, administrador general de la ARAP, al indicar que una meta del país es lograr, para el próximo 2025, la tarjeta verde de la Unión Europea, que certifique que somos cooperante y activamente combatiente de la pesca ilegal en todos los mares.
“Reforzaremos los controles de vigilancia y monitoreo, además aplicaremos las medidas de Estado Rector de Puertos, de Pabellón y de todas las medidas internacionales que desarrolla la Estrategia País”, aseveró Carrasquilla.
El acuerdo contempla la adopción de medidas y controles eficaces, así como el intercambio de información, experiencias y conocimientos sobre inspecciones a embarcaciones de pabellón panameño en el servicio interior o internacional que se dediquen a actividades de pesca, transporte y/o transbordo de recursos acuáticos y de apoyo a estas naves.
Ambas instituciones se comprometen a adoptar medidas y controles eficaces sobre naves que hayan cometido una infracción o se encuentren en fase de investigación por infracciones cometidas y en concepto de acciones y omisiones a las normas aplicables.
Esta medida se aplica a embarcaciones que desobedecen las órdenes de inspección, a aquellos con faltas graves que obstaculizan su baja del registro por motivos legales, y las involucradas en posibles actividades de pesca ilegal.
