Fuente: CCIAP
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) reconoce el clamor de la ciudadanía y su manifestación pacífica en contra de la minería a cielo abierto y como tal acepta lo reclamado cívicamente en las calles por los panameños; por lo que nos mantenemos atentos, al igual que estos, al fallo de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la Ley 406.
También, una vez más nos unimos al repudio a la corrupción y la falta de respuesta del Gobierno Nacional; al tiempo que, reiteramos el rechazo de años ante la indolencia mostrada por las autoridades con sus acciones y omisiones. Ese goteo lento y sostenido, que se traduce en las vidas de las personas en sinsabores, falta de oportunidades, frustraciones y abiertas desgracias, ha terminado por generar el hartazgo justificado y el agotamiento de la paciencia de la ciudadanía.
Lo que no podemos aceptar es que, las autoridades con su inacción y los grupos extremistas con agendas ocultas secuestren a la población coartando su derecho al libre tránsito, a trabajar, a alimentarse, a tener salud y educación; porque estos son derechos tan validos como el derecho a la protesta. Por lo que una vez más exigimos, y lo repetiremos cuantas veces sea necesario, respeto a las libertades ciudadanas. Y al Gobierno Nacional, le demandamos garantizar que estas libertades sean mantenidas y que cumpla y haga cumplir la Constitución Nacional que garantiza las mismas.
Irónicamente, fue el filósofo francés marxista Jean-Paul Sartre quien expresó “Mi libertad se termina dónde empieza la de los demás”. Del mismo modo, los derechos de una persona terminan donde empiezan los de otra y viceversa. Hoy, mañana y siempre defenderemos de manera valiente y decidida las libertades de todos, exigiendo nos permitan salir de nuestras casas, trasladarnos donde queramos y debamos, estudiar, trabajar y recrearnos.
Especialmente, esto lo reclamamos para las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, que han sufrido como ninguna otra. Las consecuencias extremas que están padeciendo injustamente hoy sus estudiantes, productores, comerciantes y servicios de salud, tendrán un impacto duradero, incalculable e irreparable. Esta semana vimos a los chiricanos exigir la reapertura de sus vías. En sus voces se expresa el clamor de todo un país que súbitamente ha quedado preso de una minoría ante la inmovilidad inexcusable del Gobierno.
Los panameños no merecemos seguir sometidos a esta situación. Tenemos el pleno derecho a opinar y reclamar, diferir en posiciones, pero jamás en hacernos daños los unos a los otros. El Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir la Ley, y cada actor social de respetar las normas básicas de convivencia que permiten la libertad de actuar de cada individuo, derecho inalienable de todos y cada uno de quienes habitamos en Panamá.
